Fundamental, elevar a rango constitucional derecho humano a la energía, consideran en el Senado

17 abril, 2022

El agotamiento de los recursos fósiles, el incremento en la demanda de combustibles, la alta dependencia del exterior en esta materia, el cambio climático y el aumento de la “pobreza energética”, son factores que hacen indispensable elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía, como un bien común y no una mercancía, consideró el senador Alejandro Armenta Mier. 

El legislador de Morena dijo que consagrar en la Carta Magna el derecho humano a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna para todas y todos, es clave para la transformación del modelo energético actual.  

Armenta Mier afirmó que esta propuesta es compatible con un sistema político en el que los poderes públicos dan cabida y se nutren de la participación de una sociedad informada y organizada, como verdadera protagonista del cambio. 

“Se trata de un derecho que, como los de última generación, giran en torno a la solidaridad, que puede ser sincrónica, puesto que nuestras decisiones pueden afectar a otros y otras en el presente, y diacrónica, puesto que también afectarán a las generaciones futuras”. 

Por ello, presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución Política, para garantizar el derecho humano a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna.  

Se trata de que las y los mexicanos puedan adquirir energía a un precio razonable, como una medida de justicia social, que sea renovable o sostenible, “porque nos encontramos en un punto sin retorno donde no podemos seguir quemando más combustibles fósiles”. 

“Reclamar el derecho a la energía como un derecho humano y fundamental, es urgente ante los datos crecientes y alarmantes sobre la pobreza energética en nuestro país. Tal derecho parte de la consideración de la energía como un bien común y no una mercancía, cuyos titulares son los individuos y los grupos”, consideró el legislador en la iniciativa que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.