Presupuesto con perspectiva de género debe garantizar derechos y mejorar la calidad de vida

4 agosto, 2020

Durante el parlamento abierto “Retos y perspectivas sobre el presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres 2021”, legisladoras, funcionarias y representantes de la sociedad civil expresaron la necesidad de que haya recursos suficientes en los programas y apoyos dirigidos a ese sector de la población.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, comentó que en el Anexo 13 está el presupuesto específico etiquetado y que desde 2008 ha ido aumentando, al pasar de 7 mil 24 millones de pesos a 103 mil millones de pesos en este año. Resaltó que este monto debe garantizar los derechos de las mujeres y mejorar su calidad de vida.

Expresó su convicción de que el presupuesto con perspectiva de género “no puede ni debe sufrir reducciones” y afirmó que desde la Comisión se trabajará de la mano con la sociedad civil y “nos mantendremos en la lucha para garantizar que se asignen los recursos necesarios para los objetivos que tiene el Anexo 13: la igualad, la no discriminación, la prevención, atención y sanción de las violencias”.

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) resaltó la importancia de que en el presupuesto “no puede haber retrocesos ni desbalances; tenemos una deuda histórica con las mujeres y con las niñas que se ha incrementado en este periodo de contingencia y que es necesario sumar voluntades para actuar asertivamente”.

Externó su compromiso de “consolidar un presupuesto a la altura de las necesidades de las problemáticas que enfrentan las mujeres y que nos mantienen en la desigualdad con esta mayor exposición a la violencia en todas sus formas”.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) destacó la importancia de mantener el blindaje de los programas del Anexo 13. “A veces las cosas no están 100 por ciento en nuestras manos, pero entre más mujeres participemos en los espacios de poder, más blindadas vamos a estar ejerciendo nuestros derechos de forma plena”.

Manifestó su disposición a trabajar para que en el presupuesto del próximo año se destinen los montos suficientes a fin de atender las necesidades las mujeres.

Representantes de dependencias

La titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Luz Rosales Esteva, se refirió al Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). Alertó del riesgo de que en algún momento no haya los recursos suficientes. “Eso haría que tuviéramos que cerrar centros o no poder extender el programa a más municipios, en donde la demanda de apoyo es cada vez más grande”.

El programa atiende a 82 mil 231 mujeres y 2 mil 823 niñas y niños, además incide en mil 536 municipios, en 420 centros de atención. “Con el presupuesto que se tiene, se trata de hacer lo más posible, y una petición es que los recursos sean bianuales, porque en la actualidad operan a partir de marzo”.

La presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, refirió que en 2020 el Anexo 13 tuvo un incremento de 60 por ciento respecto del 2019 y destacó la importancia de incrementarlo. Hizo un llamado a la Cámara de Diputados para incorporar la perspectiva de género en todo el presupuesto, porque “etiquetar nunca va a ser suficiente”.

Planteó mantener y fortalecer el Anexo 13 para que todas las dependencias y secretarías tengan recursos suficientes para llevar a mejor término las acciones de las que son responsables. Explicó que en ese apartado del PEF, 11 de los 28 programas presupuestarios sustantivos tienen relación directa con lo establecido en el decreto del 23 de abril. Se pronunció por garantizar la política del Ejecutivo en materia de igualdad y fortalecer los programas del Inmujeres.

Balbina Hernández Alarcón, encargada de despacho de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), expresó que es necesario identificar los diferentes tipos de presupuestos para las mujeres, porque los proyectos y programas del Anexo 13 están revueltos, sin clasificar ni identificar y no se puede saber a cuántas mujeres se atiende.

Destacó la importancia de alinear los planes transversales con el sectorial. “Hacienda envía una propuesta de alineación, pero en el apartado de programas transversales no están publicados el de Proigualdad y el destinado a erradicar la violencia”; si no se alinean al programa nacional de desarrollo y a la estructura programática, no se podrá incorporar la perspectiva de género en el presupuesto.

Comentó que este año se van a ejercer 240 millones de pesos entre las alertas y los centros de justicia, en la actualidad se tienen 21 alertas en 18 entidades, con 632 medidas dictadas. 

Karla Berdichevsky Feldman, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, señaló que entre este año y el próximo habrá un excedente de más de 150 mil mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción, lo cual llevará a agregar una carga de 140 mil embarazos adicionales y no deseados respecto de los que se esperaban sin la pandemia. Y entre las menores de 19 años se prevé se sumen 20 mil embarazos no planeados.

Precisó que faltan 50 millones de pesos adicionales para servicios profilácticos de mujeres que sufren violencia sexual, prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Sugirió flexibilidad en los ajustes de los presupuestos de acuerdo a estas medidas sanitarias.

Anabel López Sánchez, coordinadora general de Transversalidad y Operación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sostuvo que el reto mayor es tener un mínimo de condiciones para que las mujeres puedan acceder a recursos que les permita sobrellevar esta crisis. “Ojalá de los 436 millones de pesos etiquetados en el Anexo13 para el fomento a la economía indígena pueda ser revisado”.

Estimó importante aumentar el presupuesto para el siguiente año para promover los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, fortalecer su economía desde las otras dependencias, realizar una evaluación del presupuesto y darle seguimiento para garantizar que sea utilizado en los derechos de las mujeres.

Representantes de la sociedad civil

Aurora Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género (CELIG), de la Cámara de Diputados, señaló que el desafío es que el ejercicio del gasto sea un instrumento eficaz para mejorar la calidad de vida de las mexicanas y que estos indicadores se vinculen con los del Inegi, a fin de enlazar el ejercicio del gasto al cambio en la vida de las mexicanas.

En su turno, la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, dijo que el Anexo 13 representa el dos por ciento del presupuesto total del país, y de esos recursos, 0.3 por ciento es para refugios y Centros de Atención Externa. Consideró que es fundamental un presupuesto con perspectiva de género para garantizar la seguridad integral de las mujeres.

En su oportunidad, Rogelia González Ruiz, representante de la Red Intercultural de Refugios, indicó que se requiere incluir asistencia telefónica en centros de atención, fortalecer la operación de las casas de transición para las mujeres y etiquetar recursos en el PEF hacia la seguridad social del personal de esos centros.

Nelsy Marisela Kú Chay, coordinadora de la Red Nacional de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, dijo que uno de los obstáculos es que el recurso no está claramente definido y comprometido, porque no hay nada que lo garantice a fin de que estas casas no paren sus actividades y sigan funcionando.

Leticia Burgos Ochoa, coordinadora de la Red Nacional de Alertistas, solicitó defender el presupuesto para este rubro. Pidió al Legislativo que “por ningún motivo se disminuya; de por sí es deficitario”, y que haya una definición de indicadores de impacto del presupuesto, transparencia del gasto y evitar el uso clientelar.